La Tarifa Social Eléctrica: Un Derecho en Extinción

A principios de 2016, en el marco de la implementación de la política tarifaria del gobierno se creó la Tarifa Social Federal, cuyo objetivo explícito fue focalizar los subsidios del Estado orientándolos a la población más vulnerable, permitiendo amortiguar los fuertes incrementos.

El esquema establecía 150 kWh/mes gratuitos para los beneficiarios. La principal crítica a esta medida radica en que la bonificación se otorgaba para un nivel de consumo que resulta escaso para una familia, si se tienen en cuenta las características climáticas, edilicias y económicas de los hogares a los que se apuntaba. En los consumos superiores se aplicaba un cuadro tarifario especial con un descuento de sólo el 15% sobre el cargo variable respecto a la tarifa plena.

Una vez más, solo se trató de medidas de marketing político dado que los sectores de menores recursos debieron afrontar cada vez mayores costos para la energía.

Como si esto no fuera suficiente, tal política de focalización de subsidios fue eliminada del ámbito nacional a fines de 2018 como parte del consenso fiscal aprobado por ley 27.469, trasladando la responsabilidad de su implementación a cada provincia. La tarifa social hoy difiere según cada jurisdicción, en algunas provincias se mantiene el esquema formulado desde el gobierno nacional, en otras fue modificado eliminando el subsidio para una parte de la población.

Esta Tarifa Social se estructura de la siguiente manera: quienes no excedan los 300 kWh/ mes mantienen un subsidio equivalente al que tenían hasta diciembre último, mientras que quienes superan los 300 kWh/mes pierden el beneficio sobre el total del consumo.